España ha concedido permisos de conexión a la red eléctrica a centros de datos por más de 12 gigavatios. El propio Gobierno calcula que en 2030 el país necesitará entre 3,5 y 4. Las dos cifras están en el mismo documento oficial, a tres párrafos de distancia (MITECO, memoria del proyecto de real decreto).
Tres veces más permiso que demanda. El problema no está en los centros de datos. Está en cómo se reparte un recurso escaso cuando se reparte gratis.
Para situar los 12 gigavatios: la punta de demanda de toda España en 2026 fue de 40.070 megavatios, un 15 de enero a las nueve de la noche (Red Eléctrica). El récord histórico, de 2007, son 45.450. Los permisos concedidos solo a centros de datos equivalen a algo más de una cuarta parte de la punta del país entero. Y los permisos de nueva demanda de todo tipo, sumando industria, almacenamiento y lo demás, pasan de 40 gigavatios (El Español). Otra España entera, en papel, esperando enchufe.
En marzo el Gobierno intentó que los que no van a construir devolvieran el permiso. Devolvieron un gigavatio. En agosto ha sacado un real decreto para que los centros de datos cumplan condiciones antes de conectarse. Lo que hay entre las dos fechas explica bastante bien cómo funciona la economía de la red en este país.
Qué es exactamente lo que se ha regalado
Un centro de datos no compra electricidad al conectarse. Compra el derecho a que una subestación concreta le reserve una potencia concreta. Eso es el permiso de acceso y conexión, y lo concede el gestor de la red, Red Eléctrica en transporte y la distribuidora de la zona en distribución, según el Real Decreto 1183/2020.
El recurso escaso es el hueco en el nudo, no los kilovatios hora. Una subestación tiene una capacidad física de evacuar o de servir potencia, y cuando está asignada, está asignada. Da igual que el titular del permiso tenga el proyecto en obra o en un cajón.
Hasta marzo de 2026, obtener ese permiso costaba una garantía de 40 euros por kilovatio, depositada, no pagada, y recuperable (Gómez-Acebo & Pombo, análisis del RDL 7/2026). Para 100 megavatios, cuatro millones inmovilizados que se devuelven cuando conectas. Eso funciona como fianza, no como precio. Y el permiso, mientras tanto, se otorgaba por orden de llegada.
El resultado lo publicó Red Eléctrica en febrero, la primera vez que se hacían públicos estos números. 19 gigavatios de permisos de demanda concedidos en la red de transporte. De ellos, 11,8 desde 2022, sin que ninguno estuviera todavía en servicio. Esos 11,8 gigavatios, si se conectaran, serían un 25 % más de demanda de la que tiene el país (El Español, sobre datos de REE). Quedaba capacidad para nueva demanda en el 25 % de los nudos. En el 75 % restante, no.
Y la escasez está donde está la demanda. En Madrid la saturación de nudos pasó del 86 % en marzo al 90 % en abril (The Objective). En la red de distribución del conjunto del país, el 83 % de los nudos estaba saturado en julio (Energías Renovables).
Con una fianza en vez de un precio, y con el permiso asignado por orden de llegada, lo racional para cualquier promotor era pedir cuanto antes, pedir de sobra, y pedir en varios sitios. No hace falta mala fe. Basta con que el permiso valga más de lo que cuesta tenerlo.
Por qué esto es un problema de todos, no del sector
La memoria del real decreto lo explica con más claridad de la que suele tener un documento ministerial.
El consumo de un centro de datos es plano. Las veinticuatro horas, los siete días. No baja cuando no hay sol ni sube cuando sobra viento. La memoria lo escribe así: los consumos «son esencialmente planos y no disponen a priori de la flexibilidad necesaria» para un sistema con cada vez más renovable.
Además, ese consumo es nuevo. No sustituye a nada que hoy emita. Cuando una fábrica electrifica un horno de gas, la electricidad que entra desplaza a un combustible que sale. Cuando un centro de datos se conecta, la electricidad que entra se suma a todo lo demás. La memoria usa la palabra «adicionales».
Y en un mercado marginalista, más demanda plana y firme se cubre con la última tecnología que entra en el sistema. Esa tecnología, en España, es el ciclo combinado de gas. La memoria lo dice sin rodeos: se traduce «en un mayor uso del gas como tecnología marginal y, con ello, en mayores precios de la electricidad para el conjunto de los consumidores».
Es decir, el sobrecoste de conectar un consumo de este tipo no lo paga el que lo conecta. Lo paga el precio del mercado, y el precio del mercado lo pagan todos.
Hay un segundo coste que tampoco paga el que se conecta. La Planificación de la Red de Transporte 2025-2030 prevé unos 13.100 millones de euros de inversión en transporte (REGlobal). La memoria del real decreto avisa de algo más. Si se atendiera todo el interés de los centros de datos identificado en esa planificación, «obligaría a dedicar buena parte de los esfuerzos económicos previstos» a los refuerzos que esas infraestructuras necesitan. La red se paga con los peajes. Los peajes van en la factura. En la de todos.
Si has leído lo que escribí sobre el sistema de depósito de envases o sobre el derecho a reparar, reconocerás el patrón. Un coste que un actor genera y que el diseño del sistema reparte entre los demás. En los envases era el residuo. Aquí es el hueco en la subestación y el precio marginal del gas.
Lo que hizo el Gobierno en marzo: convertir la fianza en alquiler
El Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, se aprobó como respuesta a la crisis de Oriente Medio. Dentro llevaba un paquete sobre acceso a la red que va directo al problema (BOE). Cuatro cosas.
La primera es que la fianza desaparece y en su lugar aparece un pago mensual. Desde el 22 de marzo, todo titular de un permiso de acceso de demanda a más de un kilovoltio paga cada mes al gestor de la red una prestación por reserva de capacidad. Se calcula sobre el término de potencia de los peajes, multiplicado por un factor k que sube con la tensión de conexión y, sobre todo, con el tiempo que lleves con el permiso sin conectar. Cada seis meses, el factor crece. Los tres primeros meses están exentos. Lo pagado se descuenta después de los peajes cuando la instalación arranca, íntegro el primer año y hasta el 80 % en los siguientes. Si no pagas, el permiso caduca.
En otras palabras: tener un permiso guardado pasa a costar dinero cada mes, y cada vez más.
La segunda es una ventana de salida. Hasta el 22 de junio, quien no quisiera pagar podía renunciar al permiso y recuperar la garantía antigua sin que se la ejecutaran. Lo que se liberase por encima de 5 megavatios quedaba reservado para nuevas solicitudes.
La tercera es que cada permiso tiene que llevar el código de actividad, el CNAE, del consumo previsto. Los permisos ya concedidos tienen hasta el 22 de septiembre de 2026 para actualizarlo. Si no, caducan automáticamente. Y una vez conectado, la actividad tiene que mantenerse tres años. Se acabó pedir capacidad «para un proyecto» y decidir después qué proyecto.
La cuarta es una cola con preferencia. Vivienda, hospitales, transporte público, industria declarada estratégica: las solicitudes de alta prioridad, al admitirse, suspenden la tramitación de todo lo que haya delante en el mismo nudo. La fila deja de ser por orden de llegada.
Lo que pasó: devolvieron un gigavatio
La ventana cerró el 22 de junio. Red Eléctrica publicó el resultado en julio: 16 instalaciones de consumo renunciaron a sus permisos en la red de transporte, por un total de 1.040 megavatios (Red Eléctrica, nota de prensa). Con eso se reservó capacidad en tres nudos: Balsicas 220 kV, Tabernas 220 kV y Totana 400 kV. Murcia y Almería.
Un gigavatio de más de cuarenta. El Gobierno lo asume como un fracaso de la medida (energelia). La industria y los centros de datos, en palabras del sector, no quieren deshacerse de su punto de conexión (El Periódico de la Energía).
A mí el resultado me parece lógico, y creo que es el dato más interesante de toda la historia. Si pones precio a algo y casi nadie lo suelta, es que el precio está por debajo de lo que vale.
Un permiso de acceso en un nudo saturado de Madrid no vale lo que cuesta el alquiler. Vale lo que costaría volver a conseguirlo. Y volver a conseguirlo, desde marzo, significa entrar en una cola donde la vivienda y los hospitales pasan delante. Donde el nudo tiene un 90 % de probabilidades de estar lleno. Y donde el criterio ya no es quién llegó primero. Frente a eso, pagar unos meses de prestación y esperar es una opción barata. El alquiler penaliza al que no construye, pero no lo suficiente como para que suelte la llave.
Hay otra lectura, y también la doy: parte de los 40 gigavatios son proyectos reales que necesitan tiempo. Una fábrica no se conecta en seis meses. Un centro de datos de 100 megavatios tampoco. Que no renuncien puede significar que van en serio. Los dos casos se parecen desde fuera y la norma no distingue entre ellos. Por eso el siguiente paso fue otro.
Lo que ha hecho en agosto: condiciones para conectarse
El 27 de agosto, tres ministerios sacaron a audiencia pública el proyecto de real decreto que desarrolla el mandato del RDL 7/2026 para centros de datos (MITECO, participación pública). Tramitación urgente, autorizada dos días antes por el Consejo de Ministros. Siete días hábiles de plazo, después ampliados hasta el 10 de septiembre. Aplica a todo centro de datos con potencia de acceso igual o superior a 1 megavatio. Los que estén en la misma ubicación y sean del mismo titular cuentan juntos, para que nadie trocee.
Lo que exige para conceder o mantener un permiso, resumido del texto del proyecto:
| Requisito | Qué pide |
|---|---|
| Eficiencia | Clase A de la futura etiqueta europea. Hasta agosto de 2027: PUE máximo 1,15 y WUE máximo 0,1 |
| Renovable | Cubrir el 80 % del consumo con autoconsumo o contratos a plazo con plantas en España |
| Adicionalidad | Esas plantas no pueden llevar más de 18 meses en servicio cuando arranque el centro |
| Correlación horaria | Al menos el 80 % de lo consumido en cada hora respaldado por renovable generada en esa misma hora |
| Soberanía | Establecimiento en la UE, datos operativos dentro de la UE, control del soporte desde terceros países |
| Publicidad | Los centros de 500 kW o más de potencia TI remiten y publican sus datos de eficiencia |
Los requisitos de renovable se dan por cumplidos el día que el sistema español supere el 90 % de renovable en el mix, y entonces cambian por un tope anual de horas de toma de la red. Hasta entonces, rigen.
El incumplimiento se paga en recargos sobre peajes y cargos. Un 65 % si se supera el tope de horas, con diez puntos más por cada año consecutivo. Una escala del 100 al 500 % según falte generación renovable adicional. Del 10 al 50 % según fallen las horas de correlación. Y el incumplimiento significativo y reiterado se paga con la pérdida del permiso.
Para los que ya tienen permiso y no están conectados: seis meses para cumplir. Para las solicitudes en trámite: tres. Y una puerta de salida, otra vez: seis meses para renunciar sin que se ejecuten las garantías.
El sector ha respondido con la cifra que suele responder. Spain DC, la patronal, calcula 67.000 millones de euros de inversión prevista en España entre 2026 y 2030 y sitúa hasta un 36 % en riesgo con este marco (Conecta Industria).
Tres cosas que me llaman la atención del texto
La regla del hidrógeno. La adicionalidad y la correlación horaria no son un invento nuevo. Son, palabra por palabra, las condiciones que la Unión Europea puso en 2023 para que un hidrógeno pueda llamarse renovable, en el Reglamento Delegado 2023/1184. La memoria lo reconoce: los requisitos «son similares a los ya exigidos a los combustibles renovables de origen no biológico». De eso hablé al contar el hidrógeno que importa, el de la industria. Lo que allí era una condición para un electrolizador ahora es una condición para un centro de datos. Es la primera vez, que yo sepa, que un consumo que no produce nada energético se somete a ese régimen.
Consumo plano, generación variable. El 80 % hora a hora, para una carga que consume lo mismo a las tres de la tarde que a las tres de la madrugada, no se cumple con solar. Hacen falta carteras de eólica y solar, almacenamiento detrás, o contratos con más plantas de las necesarias para que sobre cuando falta. Todo eso tiene un coste, y ese coste sí lo paga el centro de datos. Que es, en el fondo, lo que la norma pretende: que el sobrecoste de firmeza del que hablaba la memoria deje de ir al precio marginal y vaya a la cuenta del que lo provoca.
Del precio al cumplimiento. El alquiler de marzo no consiguió que los permisos sin proyecto se devolvieran. El real decreto de agosto no sube el alquiler: cambia lo que hay que demostrar para conservar el permiso. PUE, WUE, contratos con plantas nuevas, correlación horaria, declaración de soberanía. Quien tenga un proyecto real puede cumplirlo. Quien tenga un permiso guardado para venderlo con el suelo, difícilmente. Mi lectura es que el Gobierno ha aceptado que no puede poner precio al hueco y ha optado por poner condiciones. Es más lento, es más burocrático, y probablemente funcione mejor.
Lo que sigue sin respuesta
Cuánto cuesta de verdad el alquiler. El factor k definitivo tiene que fijarlo una resolución de la Secretaría de Estado de Energía que no se ha publicado. Hasta entonces rigen valores transitorios por segmento tarifario, y las cifras en euros que circulan en prensa no se sostienen con la fórmula del BOE.
Cuántos de los 12 gigavatios de centros de datos están en obra. Red Eléctrica publica capacidad concedida y capacidad en servicio, pero no lo que hay entre medias.
Y qué pasa el 22 de septiembre. Ese día caducan automáticamente los permisos de demanda que no hayan incorporado su código de actividad. Es la primera fecha en la que se va a saber cuántos de los 40 gigavatios tenían detrás un proyecto con nombre. Habrá que mirar el dato cuando salga.